El 2 de marzo asesinaron a RUTH ALICIA compañera integrante del Coordinador Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos, un número más!!!...

Colombia es el país de las dicotomías insalvables en las que nadie quiere hablar de lo evidente.

El proceso de negociación entre las FARC y el gobierno nacional generó grandes expectativas en un sector del movimiento social, que desesperadamente ha vislumbrado una luz en un camino desesperanzador. Varios de los puntos del acuerdo suscrito están siendo incumplidos, convirtiéndose en una alerta sobre la inminente posibilidad del fracaso de lo pactado. No en vano Naciones Unidas se ha visto en la, no del todo agradable tarea, de confrontar al gobierno nacional al solicitar la ampliación del término de desarme de las FARC, ante la falta de compromiso frente a la adecuación física de las zonas de concentración. El incumplimiento de lo pactado, podría ser revisado con lupa y dejaría la misma sensación de incertidumbre y temor, que obliga a cuestionar cuánto de lo que el gobierno suscribió quedó en la instancia de la formalidad. 

Una de las muchas apuestas de los acuerdos fue, intentar proteger la vida de quienes han optado por la defensa de los derechos humanos, una bandera de resistencia ante la violencia estatal, quedando consignado en el numeral 2.1.2.2 “Garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos”. El desafío no era insignificante, se trataba de resaltar la necesaria intervención en materia de seguridad para frenar un fenómeno que pone a Colombia constantemente en la mira de los organismos internacionales, ante el creciente número asesinatos cada año en el país. Los acuerdos eran apenas un punto que reforzaba la ya olvidada labor del Estado de responder por la protección y la vida de los defensor@s, a la vez que constituyeron un llamado a superar el índice de impunidad en las investigaciones frente a estos crímenes. 

El resultado es absolutamente desolador, según el informe anual del Programa Somos Defensores, en 2016 se cometieron 128 ataques a la vida de los defesor@s de ddhh en Colombia, 49 atentados y 80 homicidios, una tasa superior en un 22% respecto al 2015 (cuando se registraron 63 muertes). Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos 14 meses fueron asesinados 120 líderes sociales, 33 sufrieron atentados  La suma de las agresiones para el 2016 llegó a 481, entre atentados contra la vida e integridad, desapariciones forzadas, hurtos de información, amenazas, detenciones arbitrarias y uso arbitrario del sistema penal; lo que es igual a un defensor de derechos humanos agredido al día, cifra que contrasta fuertemente con un país que asegura construir escenarios de “paz”, dando fuerza a la teoría desde la cual el exterminio al movimiento social es la única apuesta que sistemáticamente se cumple en el territorio nacional. 

Los datos, escalofriantes, en un contexto de negociación y desarme de una de las insurgencia, llaman la atención por un detalle de especial valor y es el aumento desmesurado de homicidios contra líderes y lideresas que tienen un “perfil político bajo”, pero que están confrontando en los territorios el despojo ambiental y social del país. Según el mismo informe del Programa Somos Defensores, del número total de homicidios, 20 se cometieron contra integrantes de Juntas de Acción Comunal, 15 contra líderes Indígenas, 13 contra líderes campesinos y 10 contra líderes comunitarios.

Estos crímenes sistemáticos, que se suman al reforzamiento de la presencia paramilitar en bastas regiones del país, hacen fuerte eco a las advertencias procedentes de distintos sectores y personalidades, entres ellos el profesor Boaventura de Sousa Santos quien advirtió, en el año 2015, que la salida de la insurgencia de los territorios significaría el ingreso de la minería y la expulsión de los campesinos e indígenas, predicción que tristemente se está cumpliendo. 

En lo que va corrido del 2017, en firme los acuerdos, con los países garantes atentos a su implementación, con la comunidad internacional expectante de una “paz” recién firmada, y con la ONU en los territorios, el horizonte puede ser calificado de temible, van 23 líderes y lideresas sociales y defensor@s de derechos humanos asesinados en el país, personas que en terreno “le están poniendo la cara a la “paz”; por lo menos en 10 de los 32 departamentos se ha advertido el aumento de presencia paramilitar tomando control territorial y apoderándose de los territorios abandonados por las FARC, ante la mirada cómplice del gobierno y de quienes han celebrado el proceso como un avance histórico, en un país que normalizó la guerra.

El porvenir  no se vislumbra para quienes están en terreno conteniendo la guerra que nunca ha tenido propaganda mundial, la que expolia los territorios en poder de las empresas, representando el poder económico mundial. Las medidas optadas por el gobierno nacional, que pasan por el fortalecimiento de las fuerzas armadas, que este año tuvo una inyección de capital adicional, de 230 millones de dólares más que el año anterior . La ilusión del “post-acuerdo” contrasta con la realidad, que en los territorios suman muertes, persecución, judicialización y desplazamientos, producto de la violencia estatal y el paramilitarismo reforzado. 

El ejercicio de defender los derechos humanos en Colombia, impone innegablemente una carga a quien decide hacer de ellos una bandera de vida; la protección no depende del Estado, pues es precisamente éste el primer agresor. Las organizaciones de base se han agrupado como una medida de poderío social, en lo que puede calificarse como un hermanamiento contra la indolencia, pues el presente está siendo apático y el futuro, por demás desolador, en medio de un discurso de “paz”, que ni las FARC son ya capaces de sustentar, ante una realidad creciente de homicidios y persecución. Las organizaciones cuentan sus muertos, líderes y lideresas de incalculable valor social, que se han construido en la lucha y serán irremplazables, quienes encontraron la muerte inesperadamente, mientras sin ningún tipo de protección, caminaban en un país supuestamente en “paz”. 

Las preguntas que quedan por hacer son ¿Quién nos está matando en los territorios? ¿Cuál es el límite de la conciencia social?

EN MEMORIA...

Por Liria Manrique

Equipo Jurídico Pueblos