Sí, todos son de primera línea. Son 38 ejecutivos a quienes la Contraloría General les abrió un proceso de responsabilidad fiscal por US$6.080 millones, cifra millonaria en la que se incurrió para poder terminar la modernización de la refinería de Cartagena. Un sobrecosto que no tiene nombre. “La decisión se dio tras analizar los controles de cambio que se aprobaron en diferentes reuniones de juntas directivas de Reficar y de Ecopetrol, que permitieron la autorización de mayores inversiones en el presupuesto del proyecto”, detalla el ente de control. Sí, todos son de primera línea. Son 38 ejecutivos a quienes la Contraloría General les abrió un proceso de responsabilidad fiscal por US$6.080 millones, cifra millonaria en la que se incurrió para poder terminar la modernización de la refinería de Cartagena. Un sobrecosto que no tiene nombre. “La decisión se dio tras analizar los controles de cambio que se aprobaron en diferentes reuniones de juntas directivas de Reficar y de Ecopetrol, que permitieron la autorización de mayores inversiones en el presupuesto del proyecto”, detalla el ente de control.

El Contralor General Edgardo Maya anunció la apertura de un proceso de responsabilidad Fiscal por las pérdidas en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar).

Tras la auditoría realizada por la Contraloría, se determinaron las inversiones y los contratos irregulares para el proyecto de ampliación de Reficar. Ahora será la delegada de investigaciones fiscales la encargada de continuar el caso y determinar si hay un fallo fiscal. 
Maya aseguró que el daño fiscal del proyecto, es decir, las pérdidas, son de 4.144 millones de dólares más un lucro cesante de 1.936 millones de dólares por la entrada tardía de la operación, es decir 6.080 millones de dólares. En resumen, las pérdidas que generó el escándalo de Reficar superan los 17 billones.
Dentro de esas pérdidas, según el Contralor, sólo la maquinaria sin entrar en operación deja un detrimento de más de 1.500 millones de dólares. 

Con 5 controles de cambio, gastos y pérdidas, el precio del proyecto de Reficar pasó de 3.460 millones de dólares en el 2009 y terminó costando más de 8.016 millones de dólares.
Esos controles de cambio, dice la Contraloría "permitieron la autorización de mayores inversiones en el presupuesto del proyecto". 

Los investigados serán los miembros de la junta directiva de Reficar y de Ecopetrol. Son en total 38 personas además de 6 contratistas. Según Maya en agosto se terminará la fase de imputación y se escuchará a los implicados en versiones libres. 

(Lea también: Este es el 'rey' de los contratos del escándalo Reficar)

Después de la imputación, la Contraloría podría tomar medidas cautelares sobre el patrimonio de los investigados para buscar reparar el posible detrimento. 

Entre los funcionarios llamados en el proceso fiscal están quienes hacen o hicieron parte de la junta directiva de Ecopetrol. Ellos son el ministro Mauricio Cárdenas, el presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry Garzón, el exmiembro de la junta directiva Fabio Echeverry Correa, el exministro Mauricio Santa María Salamanca, además del ministro Luis Carlos Villegas.

La Contraloría también abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Hernando José Gómez, Carlos Rodado Noriega, Federico Rengifo Vélez, Joaquín Moreno Uribe, Ana Fernanda Maighuasca, Amilkar Acosta Medina, Roberto Steiner Sampedro, Jorge Pinzón Sánchez, Tomás González Estrada, Luis Fernando Ramírez A, Gonzalo Restrepo, Horacio Ferreira y Henry Medina González. 

Además fueron llamados a proceso de imputación fiscal los funcionarios de la Refinería de Cartagena: Orlando Cabrales Martínez, Reyes Reinoso Yanes, Felipe Castilla, Magda Manosalva, Carlos Eduardo Bustillo, Andrés Virgilio Riera, César Luis Barco García. 

De otro lado, también serán investigados fiscalmente los miembros de la junta directiva de Reficar. Ellos son Javier Gutiérrez, Pedro Rosales, Diana Calixto, Gloria Inés Cortés, Hernán Martínez, Hernando José Gómez, Henry Medina, Natalia Gutiérrez, Uriel Salazar, Astrid Martínez, Carlos Gustavo Arrieta y Carlos Eraso. 

Los contratistas que serán investigados son Chicago Bridge & Iron Company, CBI Chigado Bridge & Iron, CB&I UK Limited, CBI Colombiana S.A., Foster Wheller Usa Corporation y la firma Process Consultants Inc. 

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