El Atrato amenazado por paramilitares "Gaitanistas"

En los primeros 11 días del año ya se han reportado cinco asesinatos de campesinos y líderes sociales en zonas de lucha territorial. Además de los casos del Chocó, hay otros en Cauca, Córdoba y Cesar. La alerta sobre paramilitares en el río Atrato se produce al tiempo que la Fiscalía insiste en afirmar que no existen grupos paramilitares en Colombia y que los asesinatos de líderes sociales no responden a un patrón sino que son hechos aislados. La denuncia se produce una semana después de que las propias Naciones Unidas advirtieran en su informe de seguimiento del proceso de paz del intento paramilitar de ocupar los espacios que dejan las FARC en su desmovilización. Y a pesar de las denuncias y los asesinatos ayer mismo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, insistía en una entrevista en RCN Radio que “no hay paramilitares, así que aceptar eso es darle garantías políticas a quienes no las merecen. Hay asesinatos pero no son sistemáticos, si lo fueran sería el primero en aceptarlo”.

El 9 de enero, miembros de las AGC mataron a golpes a un campesino del río Salaquí y a su hijo. Detrás de este suceso se esconde un proceso continuado de control territorial que ahora se redobla ante la salida de las FARC del territorio.

Según testimonios locales, las AGC ejercen influencia sobre Antioquia en Necoclí, Vigía del fuerte, Murindó, Dabieda, Mutatá, San Juan de Urabá, Arboletes y Uramita. En el Chocó lo hacen en Acandí, Ungía, Riosucio, Bojayá, Juradó, Condoto y Curvaradó y Quibdó. “El objetivo es consolidar las rutas del narcotráfico, la minería ilegal e impedir la restitución de tierras planteada en los acuerdos”, afirma un líder local cuyo nombre se omite por razones de seguridad. La Corporación Nuevo Arco Iris dice que se trata de un estratagema para “la protección armada de las tierras despojadas a las comunidades afros e indígenas” y el “fortalecimiento de su capacidad de fuego y de desestabilización armada del territorio, con el objetivo de aumentar su capacidad de negociación con el estado de cara a presionar un proceso de desmovilización, similar al efectuado en el año 2006, con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez”.
Mientras el país respira un aire de Paz a consecuencia del tratado de Paz de la Habana, entre las Farc y el Gobierno Nacional, en contraste existe un aumento brutal del asesinato de líderes y lideresas a lo largo y ancho del país. Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y Valle del Cauca son algunos de los departamentos más afectados.
En los primeros 11 días del año ya se han reportado cinco asesinatos de campesinos y líderes sociales en zonas de lucha territorial. Además de los casos del Chocó, hay otros en Cauca, Córdoba y Cesar. La alerta sobre paramilitares en el río Atrato se produce al tiempo que la Fiscalía insiste en afirmar que no existen grupos paramilitares en Colombia y que los asesinatos de líderes sociales no responden a un patrón sino que son hechos aislados. Y a pesar de las denuncias y los asesinatos  el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, insistía en una entrevista en RCN Radio que “no hay paramilitares, así que aceptar eso es darle garantías políticas a quienes no las merecen. Hay asesinatos pero no son sistemáticos, si lo fueran sería el primero en aceptarlo”.
Pero también  la Misión de Naciones Unidas en Colombia presenta su primer informe trimestral ante el Consejo de Seguridad, la comunidad internacional podrá leer, de puño y letra del Secretario General de la ONU,António Guterres, que “un ejemplo concreto de los problemas a los que se enfrenta el país en su transición hacia la paz es que algunos grupos armados, paramilitares o de otro tipo se mueven hacia zonas abandonadas por las FARC-EP, donde quizás puedan intentar establecer violentamente su control”.
Esa papa caliente la tiene que enfriar el gobierno lo más pronto por el éxito de la pacificación del país.
                                                                

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