Otra muerte más, reclamante de tierra, otra que se le suma al Estado y al Gobierno por complicidad. Hasta cuando??


Las directivas del Instituto Popular de Capacitación – IPC – le pidieron al presidente Juan Manuel Santos y al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez su intervención para proteger y evitar que más reclamantes de tierras sean asesinados, tal como ocurrió con el secuestro y asesinato del señor Porfirio Jaramillo Bogallo, ocurrido en la zona de Urabá.
El IPC recordó que los reclamantes de tierras en Urabá de la vereda Guacamayas, del municipio de Turbo, sufrieron durante el año 2016 ocho ataques por parte de hombres armados que actúan bajo las órdenes de empresarios que quieren quedarse con esas tierras, sin que a la fecha, ni la Fiscalía colombiana ni ninguna autoridad haya investigado a los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.

La organización social pidió que la Fiscalía general declare la emergencia para los reclamantes de tierras y cumpla de manera inmediata con el Auto 476 de la Corte Constitucional acerca de informar sobre el estado de las investigaciones sobre las graves violaciones de los derechos humanos en la región.
Tras señalar que don Porfirio se convierte en el 73 reclamante de tierras asesinado, le han reclamado al Gobierno Nacional y al Estado que, en cumplimiento de la Ley 1448 y del punto Uno del Acuerdo de Paz, inicie un plan de entrega y devolución de tierras a los campesinos de Urabá, desmantele los grupos armados de empresas que han despojado a los campesinos e identifique, capture y castigue a los responsables de los graves crímenes cometidos contra los campesinos y reclamantes de tierras en Urabá.
URT rechaza homicidio
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) lamenta y condena el homicidio del señor Porfirio Jaramillo Bogallo ocurrido la madrugada del domingo en el departamento de Antioquia.
Según la entidad que acompaña los procesos de devolución de tierras, “el campesino solicitaba la restitución de un predio ubicado en la vereda Buenos Aires, del corregimiento Nuevo Oriente, municipio de Turbo. En el caso del señor Jaramillo, la URT había activado en agosto pasado la ruta de protección ante la Unidad Nacional de Protección UNP”.
Añadió que la Unidad de restitución “rechaza enfáticamente cualquier hecho de violencia contra víctimas del conflicto armado y, en especial, contra quienes participan del proceso de restitución de tierras. Solicita a las autoridades correspondientes que se investigue y judicialice a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos”.
“La URT continúa firme en su compromiso de trabajar por revertir el abandono y despojo causado por décadas del conflicto armado en todo el territorio nacional y una zona como Urabá, región donde se viene avanzado en el proceso de restitución y se han devuelto a sus legítimos dueños cerca de 3.000 hectáreas”, precisó esta dependencia del gobierno.
 

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