Este viernes la Sala Penal del Tribunal de Bogotá le ordenó al presidente Juan Manuel Santos responder el derecho de petición que solicita estado de excepción en La Guajira, por la crisis y emergencia social, ecológica y económica por la que está pasando la comunidad Wayuu.


Una vez notificada la decisión, la Presidencia de la República tiene 48 horas para dar respuesta de fondo a la solicitud. De igual forma, el Tribunal le exigió al Ministerio del Interior cumplir con las medidas cautelares incumplidas que dictó la Comisión Interamericada de Derechos Humanos (CIDH), en las que el Gobierno Nacional debe garantizar la vida de esta población indígena que está muriendo de sed y desnutrición.

La abogada de la comunidad Wayuu, Carolina Sáchica Moreno, fue quien hizo la petición el pasado 4 de noviembre de 2016, pero al no recibir respuesta en el plazo estipulado de 15 días, decidió interponer acción de tutela.
“En la solicitud le pedí al Presidente Santos que estudiara la posibilidad de decretar estado de excepción teniendo en cuenta que lo que está pasando con La Guajira y la comunidad Wayuu es una situación de gravedad tal, que necesita utilizar todos los recursos disponibles que tiene. Solo en su cabeza está esa facultad extraordinaria en la que tiene la posibilidad de desbordar facultades del poder ejecutivo, legislar, proferir decretos con fuerza de ley y contratar directamente, entre otras”, dijo Sáchica Moreno.
Según la abogada, cuando se habla de emergencia social se hace referencia a la crisis humanitaria que ha dejado en el departamento del norte del país cientos de niños muertos, sobrevivientes en estado de desnutrición, madres gestantes y lactantes vulnerables.
La crisis ecológica, por su parte, tiene que ver con la intervención humana en los recursos naturales de La Guajira, más específicamente delrío Ranchería, el cual actualmente se encuentra represado “mientras la gente muere de sed”.
“Han dicho que Corpo Guajira suelta el agua pero en la práctica no se ve. El cauce está completamente seco, esa es una represa que tiene retenida el agua del río Ranchería mientras que las actividades económicas de la región son absolutamente prósperas. Por ejemplo, las fincas de cultivos de arroz están fértiles en una región totalmente seca y la mina de carbón más grande del mundo a cielo abierto, el Cerrejón, que también requiere agua para su funcionamiento, en efecto es una actividad próspera”, explicó la defensora.
Sáchica Moreno también resaltó que la represa que hoy tiene a la comunidad indígena al borde de su exterminio, la cual representa el caudal hídrico más grande de la región, comenzó como un proyecto que quedó en veremos porque la segunda etapa, que era la construcción de unos distritos de riego que abastecerían a nueve municipios del departamento, nunca se hizo.
“¿Cuánto paga mensual el Estado por la administración de esta represa? 750 millones de pesos. ¿Y entonces al servicio de quién está el agua de esta cuando no está cumpliendo finalmente el objetivo para el cual fue creada?”, cuestionó la representante legal.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Situación Nutricional, La Guajira es uno de los departamentos que registra los más altos índices de desnutrición global y además ocupa el primer lugar en Colombia con una prevalenciade 11.2%.
No se entiende como un gobierno habla de Paz y no cumple sus compromisos con las Farc y peor, permite la muerte, sin mover un dedo, que los niños de Colombia mueran por física hambre.

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